“El pasado 22 de julio (2007) fueron publicados once Decretos Legislativos, anunciados como un mecanismo eficaz para luchar contra el crimen organizado. En realidad, el examen de estas normas refleja más bien la intención de reprimir las movilizaciones sociales que en los últimos meses se han producido. La criminalización de la protesta social no es un fenómeno que este gobierno haya comenzado: en tiempos de Fujimori se dictaron normas sumamente represivas, bajo el aparente propósito de luchar contra el “terrorismo agravado” y durante el régimen de Alejandro Toledo las penas para bloquear carreteras se incrementaron considerablemente. Sin embargo, como se verá a continuación, a la luz de los Decretos Legislativos recientemente publicados se restringen derechos fundamentales de las personas, se abren posibilidades inconstitucionales para detener e incomunicar a las personas, se alteran los tipos penales y se elevan penas desproporcionadamente. La vulnerabilidad de los ciudadanos es tan grande que inclusive se ha dispuesto la inimputabilidad de los policías y militares que maten personas. El dictado de estos decretos coincide, además, con un incremento en los excesos policiales, que ha llevado a que se produzcan por lo menos diez muertes de ciudadanos en lo que va de este gobierno, la mayor parte de éstas en los últimos meses. Por todo ello, desde la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) consideramos urgente promover la derogatoria de estos Decretos en los aspectos que señalamos y el compromiso de las instancias públicas y la sociedad civil por el respeto a la vida y los demás derechos fundamentales. (Presentación libro).