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Date: Thu, 25 Feb 2010 11:46:17 +0100

LA ESTERILIZACION FORZADA EN EL PERU

(1990-2000)

En el Perú, entre los años 1995 y 2000, el segundo gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori puso en marcha una agresiva campaña de esterilizaciones a nivel nacional, encaminada, de hecho, a impedir los nacimientos en las zonas más pobres y alejadas de la patria. Básicamente, dicha política estuvo dirigida a las mujeres campesinas y rurales analfabetas y quechua hablantes. Este Programa de Planificación Familiar estuvo financiado por importantes organismos internacionales quienes participaron activamente en la puesta en marcha de dicho Programa.

El ponente, en su condición de Congresista de la República del Perú, presidió una Subcomisión Investigadora que tuvo como finalidad investigar: “La aplicación de las “anticoncepciones quirúrgicas voluntarias en el Perú durante los años 1990 al 2000”, así se les llamó a las esterilizaciones forzadas.

Para conocimiento de los participantes a este evento, los Congresistas o Parlamentarios del Congreso de la República del Perú estamos facultados para fiscalizar e  investigar sobre cualquier asunto de interés público, promover un procedimiento de investigación, formular las conclusiones y recomendaciones del mismo y solicitar al Poder Judicial proceda con la investigación penal para establecer las sanciones penales correspondientes a los responsables; de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno del Congreso de la República del Perú.

Ha sido preocupación del ponente, desde que asumió su cargo como representante del Congreso por el departamento de Ayacucho (una de las zonas más pobres del Perú y el más olvidado por todos los gobiernos republicanos), investigar de manera exhaustiva las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados en la aplicación del Programa de Planificación Familiar. Dicho Programa, por su compulsividad, significó la esterilización forzada de mujeres adultas y otras en edad fértil - en su mayoría, mujeres que viven en las zonas rurales del país - quienes se vieron afectadas en su salud. Asimismo, otras fallecieron a consecuencia, no sólo de una falta de seguimiento post-operatorio, sino también de la forma precaria en que se llevaron a cabo estas intervenciones.

El formar parte de este prestigioso Congreso Pro Vida, me honra de sobremanera y me da la oportunidad de compartir con ustedes lo que sucedió en mi país en los años 1990 –2000, respecto a la manera en que este tema fue visto en el Congreso de la República de mi país, las investigaciones que se derivaron a consecuencia del Informe Final de la Subcomisión que presidí y, finalmente, reflexionar en que no se puede permitir que sucedan similares hechos en ningún país en donde el derecho a la vida, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

El 28 de julio de 1995 el entonces, Presidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori dirigió, como es una tradición en mi país, un Mensaje a la Nación el mismo que en la parte pertinente al tema de salud, se centró en el tema poblacional, manifestando que:

“sería una hipocresía hacerse de la vista gorda, sabiendo que se aplican diferentes métodos para familias de diversas clases sociales.  Lo justo es difundir, de hecho difundir, a fondo los métodos de planificación familiar(...) Hemos sido y seremos un gobierno pragmático, sin tabúes, ni vacas sagradas... las mujeres serían dueñas de su destino”.

Meses después, el ex Presidente Alberto Fujimori ejerciendo su derecho de iniciativa legislativa, a través del Poder Ejecutivo, envía al Congreso de la República, con carácter de urgencia, un Proyecto de Ley que legalizaba la esterilización voluntaria, es decir, con esta iniciativa se modificaba el Artículo VI del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 346, “Ley Nacional de Población”, que  excluía la esterilización como método de planificación familiar.

Nuestra Ley de Población, antes de su modificación en el Congreso establecía en su primer párrafo que:

“La Política Nacional de Población excluye el aborto y la esterilización, como métodos de planificación familiar”

Nosotros hemos sostenido en nuestro Informe que las razones de la precipitación con que actuó el ex Presidente Alberto Fujimori, se dan en el contexto de sus declaraciones y en sus actos políticos:

Primero: Después del autogolpe de 1992 y la reelección, en el año 1995, Alberto Fujimori se sentía en la plenitud de su poder personal, contaba además con una representación parlamentaria incondicional para imponer sus criterios y proyectos personales;

Segundo: Alberto Fujimori habría practicado un primitivo análisis costo-beneficio, según el cual, los resultados demográficos obtenidos hasta entonces, mediados de 1995, en cuanto a la reducción de la natalidad y de la tasa de crecimiento de la población, aparentemente, retrasaban sus proyectos;

Tercero: La inversión en la campaña de difusión de métodos anticonceptivos no resultaba eficaz para la mayor parte de los usuarios, especialmente en las zonas rurales del país. La esterilización, en cambio, no sólo representaba un menor costo, sino que, principalmente, era un método definitivo e irreversible... un gasto por una sola vez.

Sintetizando, con la dación de la Ley Nº 26530 de fecha 09 de setiembre de 1995, que modificó el artículo VI del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 346 de la Ley Nacional de Población, se eliminó la restricción de considerar la esterilización como un método de planificación familiar y, por lo tanto, se consideró un método permitido de anticoncepción. De esta manera, se puso en marcha una campaña en la cual el Ministerio de Salud de mi país conjuntamente con el Instituto Peruano de Seguridad Social, promovieron la esterilización quirúrgica en zonas de la sierra, selva y zonas urbano-marginales del Perú, con la participación de organismos internacionales como AID, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y diferentes ONGs (Organismos No Gubernamentales, internacionales y nacionales).

En dichas campañas se promocionaba la sigla AQV: “anticoncepción quirúrgica voluntaria”.

Hemos afirmado en nuestro Informe Final presentado al Congreso de la República que, a la luz de las investigaciones realizadas por diferentes instituciones en mi país, como la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Colegio Médico del Perú y la Comisión Especial del Ministerio de Salud que, al poner en marcha el plan masivo de esterilizaciones, el Gobierno del ex Presidente Fujimori, a través de sus autoridades de más alto nivel y hasta médicos u obstetrices, cometieron una serie de  violaciones a los derechos más fundamentales de las personas. Sin embargo, las autoridades citadas a la Subcomisión Investigadora, negaron en su  mayoría haber infringido las disposiciones legales, negaron haber realizado esterilizaciones forzadas, negaron haber acosado a las pacientes, negaron recibir presiones, negaron recibir premios o dinero, sin embargo, coincidían en que efectivamente en otros lugares pudieron existir dichas irregularidades.

La Subcomisión Investigadora, en el curso de la investigación encontró, más que indicios de irregularidades en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria y ahora pasamos a detallar cada una de ellas:

PRIMERO:

VIOLACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA LIBRE ELECCIÓN Y A LA NO DISCRIMINACIÓN:

La elección libre de cualquier método anticonceptivo es un derecho constitucional consagrado en nuestra Constitución Política. El derecho a la libre elección viene de la mano con el derecho a la no discriminación.

El Programa  de Planificación Familiar implantado por el Gobierno de Fujimori, estuvo orientado a mujeres pobres y de extrema pobreza, a mujeres indígenas y rurales. Las autoridades privilegiaron los métodos irreversibles a dicho grupo induciéndolas a la esterilización como opción única, en perjuicio del derecho a decidir libre e informadamente respecto a otros métodos anticonceptivos como los métodos naturales que prácticamente fueron ignorados.

Las normas que se expidieron referentes a la aplicación de la AQV  no contenían disposiciones que cautelaran una consejería previa adecuada, que incluyeran la información de todos los métodos de planificación familiar y que contemplaran, con mayor énfasis, el consentimiento informado por parte de las usuarias al método que libremente opten y que contemplen su lengua materna.

Para el mes de diciembre de 1995 ya se conocían las primeras denuncias, las cuales versaban: falta de garantías para la libre elección; aplicación compulsiva del Programa; muertes luego de las intervenciones quirúrgicas, ausencia de un consentimiento informado, entre otras.

En el año 1997, el Congreso de la República manifesta su preocupación a través de diferentes Mociones o Pedidos de parte de diferentes fuerzas políticas de oposición al Gobierno de Fujimori, pedidos que fueron archivados por el régimen de esa época, teniendo en cuenta que el Congreso estaba compuesta por una mayoría aplastante, adicta al Gobierno.

En el año 1998 y gracias a unas valientes publicaciones periodísticas, la opinión pública en mi país, comenzaba a conocer las irregularidades en la aplicación del AQV en diferentes partes del país. El que habla, en su condición de médico del Hospital de Ayacucho,  fue testigo directo de la manera injusta en que se aplicó el Programa de Planificación. Fue testigo de las presiones que sufrían los médicos por parte de las más altas esferas del Gobierno en el sector Salud para privilegiar este método irreversible sobre cualquier otro a la población. El manifestar mi desacuerdo y mi ira, significó ser despedido de mi trabajo al igual que mi señora esposa (profesión odontóloga).

SEGUNDO:

VIOLACION AL DERECHO AL SALUD AL PRODUCIRSE  ABANDONO DE PACIENTES EN LA ETAPA POST-OPERATORIA, LUEGO DE EFECTUADA LAS ESTERILIZACIONES:

De las investigaciones realizadas se probó y comprobó que las usuarias de las AQVs no regresaron al control post operatorio porque no sabían que tenían que hacerlo, pues no fueron informadas al respecto por el personal de salud y si algunas lo hicieron por sufrir de algún malestar, no fueron atendidas. Creemos que esta actitud de indiferencia por parte del personal médico demuestra que aquella había dejado de ser considerada persona, para convertirse en un número, una estadística, el objetivo estaba cumplido.

Cuando se llevaban a cabo las campañas de ligaduras de trompas, como ya lo señalaremos más adelante, las ejecutoras del Programa de Planificación Familiar - refiriéndonos a aquellos grupos compuestos por personal de salud-  habrían tocado las puertas de las casas de las mujeres, presionándolas a que sean sometidas a la AQV. Tuvimos acceso a una declaración de un ex ministro de Salud, quien afirmó, en un medio televisivo, refiriéndose a las campañas que, “ iremos puerta por puerta”.

La compulsividad del Programa hizo que muchas mujeres de las zonas más alejadas y pobres del Perú, al momento de ser intervenidas, presentaran problemas de desnutrición, anemia, inflamaciones pélvicas crónicas, infecciones, enfermedades en el aparato reproductivo, entre otras. Los que somos médicos sabemos que toda cirugía para que sea exitosa requiere de un buen diagnóstico pre-operatorio, de una preparación psicológica adecuada, de un riesgo quirúrgico, de indicaciones previas, como el estar en ayunas, de un procedimiento anestésico adecuado ya sea general, regional, local etc; factores que debieron tenerse en cuenta a fin de lograr mejorar las condiciones de salud antes, en y después de la intervención quirúrgica.

TERCERA IRREGULARIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTERILIZACIONES:

EL INDICIO DE ESTABLECIMIENTO DE METAS NUMÉRICAS, INCENTIVOS, Y/O DE ESTÍMULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CUOTAS DE CAPTACIÓN DE USUARIAS.

Cuando se habla de metas es necesario dar a conocer la intervención directa del Presidente de la República, de ese entonces, Alberto Fujimori Fujimori, traducida en una decisión política de privilegiar el AQV como “el método más publicitado.”

Tuvimos a mano, los testimonios de los Directores Regionales de Salud, quienes admitieron haber concurrido a tres eventos uno de ellos, de lanzamiento del Programa de Planificación Familiar (1995) con la presencia del ex Presidente y Ministros de Estado. que fue en un balneario conocido como Ancón. Otros, en el año 1996 en Paracas, 1997 en la Granja y en 1998 en el Hotel El Pueblo. En todas ellas resultaba evidente el interés del ex Presidente en dirigir directamente el Programa y como una política de Estado.

De lo investigado por la Comisión de Salud del Ministerio de Salud del Perú, extraemos lo que manifestó el  ex Presidente:

“...es política de Estado, llevar un programa de salud reproductiva moderna...”

Los incentivos surgieron cuando, para implementar el Programa de Planificación Familiar, se consolidaron grupos de trabajo compuestos por las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud, el Instituto Peruano de Seguridad Social, y como lo sostiene la investigación antes citada, se propusieron incentivos económicos a los trabajadores de salud quienes recibían una cantidad de dinero adicional por cada campaña. Asimismo, se ofrecían paquetes de alimentos a los clubes de madres por captación de usuarias para la campaña.

Asimismo, contamos con cartas en las que el Ex Ministro de Salud. Doctor Marino Costa Bauer le informa al ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, dándole cuenta de las metas alcanzadas en las intervenciones quirúrgicas voluntarias. Entre ellas, destacamos las siguientes en las cuales el ex Ministro manifiesta que:

“Como se puede apreciar de las cifras al mes de mayo se muestra una tendencia creciente en la producción de servicio de AQV habiéndose alcanzado al cierre de dicho mes la cifra de 38,642 AQV, lo cual significa un incremento de 36% con respecto al cierre de abril de 1997.” (Oficio SA-DM-N° 544/97, Recogido del Informe Final de la Comisión Especial sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, pág. 101).

“Como podrá usted apreciar Señor Presidente  se ha mantenido el incremento en la producción de servicios de AQV de acuerdo a lo previsto, ritmo, que debe por lo menos sostenerse en los meses de Julio a Noviembre. En este sentido, considerando que Diciembre es un mes de baja producción debido a las Fiestas de Fin de Año debemos estar cerrando el año 1997 con una producción total bastante cercana a la meta prevista.” (Oficio SA-DM-N° 722/97, Recogido del Informe Final de la Comisión Especial sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, pág. 101).

Como podrá usted apreciar, por los primeros siete meses del año se ha alcanzado un acumulado total de 64,831 AQV, lo cual nos sitúa en el 43% de la meta fijada en 150,00 para el año 1997. (Oficio SA-DM-N° 818/97, Recogido del Informe Final de la Comisión Especial sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, pág. 101).

CUARTA:

REALIZACIÓN DE FESTIVALES Y/O CAMPAÑAS DESTINADAS ÚNICAMENTE A PROMOVER LA LIGADURA DE TROMPAS Y VASECTOMÍA.

El primer paso para priorizar la esterilización como método anticonceptivo fue la realización de Festivales de Salud en los que mediante pancartas, ferias y otros medios no sólo se promocionaba la esterilización en forma gratuita, sino que en la mayoría de los casos se presionaba a las mujeres, aprovechándose de su poca comprensión del asunto y porque no decirlo, de su ignorancia y minusvalía.

Los festivales de salud, o campañas de ligaduras de trompas y vasectomías gratuitas, se dieron a lo largo y ancho del Perú. Para los ejecutores del Programa, estos Festivales eran un conjunto de actividades donde se realizaban eventos deportivos pero que tenían el objetivo de realizar la mayor cantidad de esterilizaciones posible.

Estos festivales tenían una  corta duración y en muchas ocasiones los médicos llegaban a los  pueblos la noche anterior, instalaban sus carpas, donde esterilizaban, llegando  a esterilizar un promedio de 90 personas, por campaña (según testimonio brindado a la Comisión Especial del Ministerio de Salud, que realizó en el año 1992 una investigación al sobre la AQV). Una vez culminado el Festival, el personal médico cerraba la carpa, se retiraba para regresar a una próxima campaña, si ésta les resultaba “exitosa”.

Contamos con un Comunicado del Ministerio de Salud, exactamente de la Dirección de San Martín – Tocache, felicitando al gran número de madres y padres por haber participado del  AQV e invita a participar en una nueva gran campaña los días 7-8; 21-22 de Noviembre y 12-13 de Diciembre del 1997.

QUINTA IRREGULARIDAD:  SE COMPROBO LA AUSENCIA DE UN CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO POR PARTE DE LOS USUARIAS A LAS ESTERILIZACIONES:

Dentro de las más saltantes irregularidades en la aplicación de la AQV tenemos:

·         La no suscripción de formato de autorización escrita para anticoncepción quirúrgica.

·         La presión o engaños para suscripción de Formato ya sea antes o después  de realizada la intervención.

·         La negativa a entregar información sobre el método solicitado por la usuaria en caso de ser distinto a la anticoncepción quirúrgica.

·         La recomendación de cambio del método utilizado por la usuaria para orientar la decisión hacia ligadura de trompas.

·         La no información verbal ni escrita sobre las características, riesgos y precauciones postoperatorias de la opción de anticoncepción quirúrgica o informaciones engañosas sobre el carácter de la intervención.

Hemos afirmado que la población a la que iba dirigida el Programa era poblaciones rurales e incluso nativas, de pobreza y extrema pobreza, analfabetas, la mayoría de ellas quechua hablantes y de lengua nativas, NO DE HABLA CASTELLANA.

Cuando en el año 1998 se dispone la firma de la Hoja de Consentimiento Informado, previo a la realización de éstas intervenciones quirúrgicas y que suponía que el o la paciente procedía  a leerla detenidamente para proceder con su firma a la realización de la operación,  éstas eran en idioma castellano por lo que se cuenta con testimonios en los cuales las mujeres no entendían lo que estaban firmando, ante esto, sólo les quedaba “ser orientadas” por el personal de salud, obviamente dicha orientación, cuando la había,  era muy sesgada y limitada en la información. Un común denominador en las investigaciones que han realizado las instituciones antes mencionadas es la ausencia de los Registros de Consentimiento Informado.

La Subcomisión que presidí contó con el testimonio de una obstetriz, encargada del Programa de Planificación Familiar de la dirección de Huancavelica, uno de los departamentos más pobres del Péru, junto con Ayacucho, quien declaró en la sesión reservada lo siguiente:

“Mire en un inicio nosotros dejábamos que las hojas de autorización queden en la hojas clínicas del establecimiento, pero que le digo, justamente, a raíz, en el año 98 empezaron las denuncias y mucha gente, muchos responsables de los establecimientos han hecho desaparecer las hojas de consentimiento por no estar en juicio o que sé yo. Entonces yo les decía que  no, que no hagan eso, porque es peor, les decía.”

Está fehacientemente probado que entre los años 1990 a 1999, el Ministerio de Salud llevó a cabo el Programa Nacional de Planificación Familiar que ha significado la esterilización en diez años de 314,605 mujeres y 24,563 varones.

Entonces nos preguntamos: ¿Dónde están los Registros de Consentimiento Informado?

Nosotros tenemos más que indicios  que éstos fueron destruidos por parte del personal de salud y así se señala en el Informe.

En cuanto a la participación de los Organismos Internacionales en el Financiamiento y Aplicación de los Programas de Planificación Familiar ejecutados por el Gobierno en los años 1995 – 2000, debemos  señalar que:

Las políticas de población seguidas por el gobierno peruano fueron inducidas y financiadas por organismos internacionales, especialmente la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID o simplemente AID) y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población (FNUAP o UNFPA por sus iniciales en inglés).

Esas políticas restrictivas inducidas traían consigo, desde el extranjero, no sólo financiación especial sino metas demográficas traducidas en la reducción focalizada del crecimiento de la población peruana y la fecundidad de las mujeres peruanas, con énfasis en las mujeres de nuestras zonas rurales. La ayuda internacional ha incluido, de modo especial, la donación de instrumental médico y quirúrgico para las AQV y una variedad de anticonceptivos.

La ayuda internacional propuesta al gobierno peruano se concentró con preferencia, al cumplimiento de metas demográficas específicas, especialmente a partir de la inauguración del gobierno del ex - presidente Alberto Fujimori Fujimori; metas que fueron incorporadas en el "Programa Nacional de Población 1991-1995 (PNP).

A este respecto, quiero compartir con ustedes un aporte valioso de mi amigo el señor Doctor Jorge Scala quien al respecto se ha pronunciado manifestando  lo siguiente:

“La vinculación entre UNFPA, el gobierno de los EE.UU. en especial a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), en materia de “control de la fertilidad humana”, ha sido confesada por el “Memorándum de Estudio para la Seguridad Nacional N° 200 – Implicaciones del crecimiento de la Población Mundial para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica y sus intereses ultramarinos” (NSSM 200), más conocido como “Informe Kissinger”.

El Memorándum propone el liderazgo de los EE.UU. sobre los organismos multilaterales para trabajar “en un esfuerzo internacional colaborativo en el control de la fertilidad humana abarcando la biomedicina y los factores socio-económicos.

Del  Informe Kissinger extraemos que:

“El Departamento de Estado de los EE.UU y la AID jugaron un importante papel al establecer el Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades en Población (UNFPA), el cual actuará como una punta de lanza en un esfuerzo multilateral en población, como un complemento de las acciones bilaterales de la AID...” (NSSM 200, pág. 121).

Es claro entonces que,  el propio gobierno de los EE.UU. admite que creó el UNFPA, para que le sirviera de “punta de lanza” para imponer su política de control natal en los países desarrollados.

De todos modos, manifiesta el Dr. Scala,  que éstas relaciones han quedado aún más explicitadas por una fuente inobjetable, el Sr. Robert. S. McNamara (ex-presidente del Banco Mundial, cargo al que accedió en 1.968), quien el 10 de diciembre de 1.991 pronunció una conferencia en homenaje al Sr. Rafael Salas, quien fuera el primer director de UNFPA, tras su creación en 1.969. Dicha conferencia fue publicada por Naciones Unidas, bajo el título “Una política mundial de población para promover el desarrollo humano en el siglo XXI”. El disertante agradeció especialmente “a cinco organizaciones  y al Fondo de Población de las Naciones Unidas en Nueva York.”

La conferencia es una propuesta concreta para bajar las tasas de natalidad en todos los países no desarrollados; es decir un plan de control natal, como los que impulsó en durante su presidencia del Banco Mundial. Propone un programa de acción en seis pasos.

Entre ellos,   cada país en desarrollo, con la asistencia del UNFPA, del Banco Mundial y cualesquiera otras organizaciones a las que desee recurrir, debía establecer una meta para su propio nivel de estabilización a largo plazo, y debía tratar de alcanzarla con una serie de sub-objetivos cuantificables y verificables para el decenio de 1990.  Debían establecerse submetas para: tasas de fecundidad, niveles de prevalencia de uso de anticonceptivos, gastos para planificación de la familia, fuentes de financiación, y otros aspectos similares”.

Concretamente el objetivo n° 4 dice: “ El UNFPA debería encargarse de la vigilancia general y la supervisión del programa” (págs. 43/4).  Esto es exactamente lo que sucedió en el Perú, con el Programa Nacional de Población, y esa fue la función de la Secretaría Técnica del UNFPA, ante la Mesa de Donantes en Apoyo al Programa Nacional de Población, referido en el Informe.

Finalmente, agrega el Dr. Scala, la frase que “el UNFPA como organismo de las Naciones Unidas, promueve y fomenta el respeto de los derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, la equidad e igualdad de género, y el respeto a la identidad cultural de todas y cada una de las personas”, no se compadece con la realidad.

Finalmente y esto es lo decisivo, está comprobada la participación de UNFPA en la política demográfica del gobierno de China, sintetizada por la frase “una pareja, un hijo”, campaña que coarta toda libertad en los matrimonios y parejas para decidir el número de hijos a procrear. La limitación a un hijo hizo que la práctica del aborto selectivo o infanticidio de niñas, se convirtiera en una práctica corriente en la República Popular China.

Las pruebas que involucran al UNFPA en tales políticas comenzaron en 1984 y fueron tan contundentes, que motivaron el retiro de la subvención económica del gobierno de los EE.UU., bajo la presidencia de Ronald Reagan, a dicho Fondo de las Naciones Unidas. Lamentablemente, el Programa Nacional de Población del Perú se llevó a cabo durante la administración del Presidente Clinton, quien reanudó los aportes del gobierno norteamericano a UNFPA.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el Marco del Derecho Internacional, el  respeto a los derechos humanos debe ser el espíritu el cual debe basarse los programas de salud reproductiva y planificación familiar de los Estados, siendo éstos responsables por la ejecución o puesta en marcha en la prestación de servicios de salud por parte de los agentes a efectos de prevenir y/o  sancionar prácticas violatorias a los derechos humanos.

A este respecto, la Subcomisión Investigadora que el ponente presidió en mi país, tuvo acceso a diferentes informaciones, testimonios, denuncias verbales y escritas respecto a las actuaciones y desempeño del personal operativo del Programa, los cuales, en unos casos, mediante condicionamiento de ayuda alimentaria e inclusive mediante el uso irregular e ilegal de la fuerza pública sometían a las usuarias al método de la AQV. Incluso, existen testimonios de personas que fueron amenazadas con el despojo de sus menores hijos en caso de persistir la negativa de someterse a la esterilización y éstos están recogidos por las diferentes instituciones en el Perú.

Quiero compartir con ustedes  las conclusiones que llegó la Subcomisión Investigadora:

PRIMERA:

Se ha probado que entre los años 1990 a 1999 el Ministerio de Salud del Perú llevó a cabo el Programa Nacional de Planificación Familiar que ha significado la esterilización en diez años de 314,605 mujeres y 24,563 varones.

SEGUNDA:

Se ha comprobado el establecimiento de metas numéricas, incentivos y/o estímulos para el cumplimiento de cuotas de captación de usuarias por AQV a nivel nacional para el caso de las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias AQV.

TERCERA:

Se ha comprobado la  Realización de Festivales y/o Campañas destinadas con el propósito de privilegiar las AQVs en desmedro del derecho de las usuarias de elegir libre y voluntariamente y ser debidamente informadas sobre otros  métodos de planificación familiar.

CUARTA:

Se ha comprobado que se ha realizado Ligaduras de trompas sin consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, presión o a cambio de algún incentivo alimentario y/o económico.

QUINTA:

Se ha comprobado la ausencia del Registro de Consentimiento Informado en muchas localidades del país y en otros casos se tienen indicios que éstos fueron destruidos por parte del personal de salud.

SEXTA:

Se ha comprobado que se dieron Directivas escritas y verbales donde se privilegiaron la AQV sobre otros métodos de Planificación Familiar.

SETIMA:

Se ha comprobado que se llevaron a cabo reuniones con presencia del Presidente Alberto Fujimori Fujimori, Ministros de Estado y Directores Regionales de Salud en Ancón, Paracas y Pachacamac que tenían el propósito de privilegiar métodos definitivos.

OCTAVA:

Se ha comprobado la Injerencia del Ejecutivo para la aplicación compulsiva del AQV: llamadas telefónicas a los Directores Regional por parte de un Asesor Presidencial y de un Asesor del Despacho Vice Ministerial, que tenían como propósito ejercer presión en el cumplimiento de metas.

NOVENA:

Se ha comprobado que el Estado Peruano durante el Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori no observó normas de observancia obligatoria incluidas en los Tratados Internacionales de los cuales es Parte, por lo tanto, existen indicios razonables que han incurrido en violaciones a los derechos humanos.

DECIMA:

Se ha comprobado que la puesta en marcha del Programa de Planificación Familiar y las esterilizaciones masivas, compulsivas y violatorias a los derechos fundamentales de la persona humana ejecutadas en el Perú habrían sido impuestas y financiada por organismos internacionales.

DECIMO PRIMERA:

Se ha comprobado que en la aplicación del Programa de Planificación Familiar se ocasionó daños en la integridad física, psicológica, la libertad individual de las personas, y ha producido una reducción selectiva de los nacimientos en un grupo social determinado.

DECIMA SEGUNDA:

Se ha comprobado que antes de la modificatoria de la Ley Nacional de población, el Estado Peruano facilitó a instituciones internacionales para el entrenamiento a los profesionales de la salud para realizar las esterilizaciones.

POR QUE SUSTENTAMOS QUE HAY DELITO DE GENOCIDIO?

Existen indicios de presunta comisión de delitos contra la libertad individual, delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, delito de Asociación Ilícita para delinquir y delito de Genocidio

Según el artículo 2° de la Convención de la Prevención del Delito de Genocidio es:

“.. cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

inciso d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo..”

El artículo 319° del Código Penal Peruano establece:

Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte años el que, con intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional o étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los siguientes actos:

Matanza de miembros del grupo.
Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo.
Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial.
Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.
Transferencia forzada de niños a otro grupo.

Explicando el inciso cuarto:

4. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo:

Este delito es calificado como “crimen internacional” y como crimen contra la humanidad.

La responsabilidad se encuentra dentro de una de la clase de Genocidio como lo es “el biológico”, consistente en actuaciones que impiden la reproducción del grupo (ya sea mediante castración, esterilización, uso obligado de anticonceptivos, abortos forzosos, separación de sexos o prohibiciones de matrimonio).

Para llegar a que se tipifique el genocidio, es preciso demostrar que estas prácticas tenían como objetivo final la destrucción total o parcial del grupo nacional, étnico, social y religioso.

La Subcomisión Investigadora no consideró que se haya  limitado el número de nacimientos en un grupo nacional, una etnia o un grupo religioso pero si sostenemos QUE ES VÁLIDO ASIMILARLA IDEA DE GRUPO SOCIAL EN TANTO QUE EL PROGRAMA “PRIVILEGIÓ” CIERTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN COMO “BENEFICIARIOS” EN RAZÓN DE SU CONDICIÓN ECONÓMICA (POBREZA Y EXTREMA POBREZA), CONDICIÓN SOCIAL, UBICACIÓN GEOGRÁFICA (POBLACIONES RURALES E INDÍGENAS).

Por ello, de lo investigado se colige que el sector de escasos recursos económicos, ha sido el objeto de la afectación mediante la limitación de nacimientos vulnerando  la manifestación de voluntad de aquellos a quienes se le aplicó la esterilización quirúrgica voluntaria.

Así también, la Subcomisión Investigadora  tocó en su Capítulo III la injerencia o imposición internacional en las prácticas de esterilizaciones en el Perú y la participación de organismos de crédito que habrían suministrado los recursos necesarios para la ejecución del Programa Nacional de Planificación Familiar y la consiguiente violación sistemática de los derechos humanos, lo que haría al Poder Ejecutivo (Presidente de la República, entonces en ejercicio, Ministros de Salud y funcionarios de menor jerarquía), responsables penalmente por dicho ilícito.

El Estatuto de  la Corte Penal Internacional aprobado en Roma en julio de 1998 recoge los principios referidos a la competencia internacional para el crimen de genocidio. En el artículo 7° define lo que son Crímenes de Lesa Humanidad, mencionando como tales los actos siguientes, la esterilización forzada (inciso g) y otros actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la identidad física o la salud mental o física de la población civil (inciso k).

Esta Subcomisión Investigadora consideró, sin duda alguna que el Programa Nacional de Planificación Familiar implementado por el Gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori que, consistió en la aplicación compulsiva de métodos irreversibles, vulneró los derechos fundamentales de las personas, en donde personal de salud (no necesariamente personal calificado) se presentaban en poblaciones alejadas y desinformadas, reuniendo mujeres en edad fértil, en lugares prefijados (postas médicas o locales improvisados de campañas como carpas) y proponiendo a las mujeres la ligadura de trompas, ocultándoseles el carácter de irreversible y como única alternativa. Habían mujeres que aceptaban la intervención pero otras pedían más tiempo de reflexión, produciéndose la presión de hacerlo: “ahora” y en ese momento. Cuando la mujer expresaba su decisión de no aceptar la ligadura se deslizaba la amenaza que un futuro niño no tendría provisión de leche y/o medicamentos. De esta manera, se sometieron a esterilizaciones a personas que no estaban preparadas intelectual ni físicamente: (no hubo evaluación pre-quirúrgica) para tales operaciones (mujeres anémicas y desnutridas).

Se ha comprobado que se ha establecido metas en mujeres y varones que debían ser esterilizados en determinados plazos y el hecho que el cumplimiento de dichos objetivos significara ascensos y/o reconocimientos, estabilidad laboral de quienes se hallaban en situación de “contratados” contribuyó a que se produjeran las esterilizaciones forzadas y por ende, que se hayan cometido ilícitos penales tipificados en la legislación peruana que no sólo ofenden a las víctimas sino a la Comunidad Internacional en su conjunto.

Asimismo, se habrían cometido los siguientes delitos:

Delito contra la Libertad Individual: en su modalidad de Secuestro;

Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud: en su modalidad de Lesiones y

Delito de Asociación Ilícita para Delinquir;

La Subcomisión Investigadora ha tenido acceso a diferentes informaciones, testimonios, denuncias verbales y escritas respecto a las actuaciones y desempeño del personal operativo del Programa, los cuales, en unos casos, mediante condicionamiento de ayuda alimentaria e inclusive mediante el uso irregular e ilegal de la fuerza pública sometían a las usuarias al método de la AQV.

Explicando brevemente cada uno de los ilícitos penales que se habrían perpetrado, tenemos:

El Delito contra la Libertad Individual: en su modalidad de Secuestro sancionado en el artículo 152° del Código Penal Peruano el mismo que establece:

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.” La pena será de cadena perpetua cuando el agraviado resulte con graves daños en el cuerpo o en la salud física y mental, a consecuencia de dicho acto.”

La conducta típica se concreta en los verbos “encerrar” y “detener” privando a la víctima de trasladarse libremente de un lugar a otro, obligándola a permanecer en determinado sitio o espacio cerrado  contra su voluntad. El término “encerrare” en la dicotomía del tipo penal, supone el mantenimiento en un espacio cerrado a una persona.

El otro término de forma comisiva : “detuviere”, admite la privación de libertad en un lugar abierto, precisándose el empleo de fuerza física o violencia psíquica para privar al sujeto pasivo de la facultad de traslado ambulatorio.

La Subcomisión ha hecho suyos los Testimonios recogidos por la investigación realizada por CLADEM (Centro Latinoamericano de defensa de los derechos de la Mujer), en su Informe “Nada Personal” en donde se han reportado retenciones de mujeres contra su voluntad para efectos de practicar las AQVs.

El delito de Lesiones se encuentra tipificado en los Arts. 121° y siguientes del Código Penal Peruano y establece que:

“El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 8.  Se considera lesiones graves:

1.       Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima

2.       Las que mutilan un miembro u organo principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo invalidez o anomalía síquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente.

3.       Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona que requiera 30 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa.

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años.

El bien jurídico protegido en los delitos de Lesiones es la integridad física y la salud.

El Informe Final y las investigaciones realizadas por las instituciones que han sido aludidas, entiéndase: Colegio Médico del Perú, Conferencia Episcopal Peruana, Defensoría del Pueblo, Cladem, detectaron la existencia de numerosos casos donde se ha  vulnerado o lesionado el derecho a  la salud, a la integridad física y mental de las personas.

Delito de Asociación Ilícita para delinquir:

El artículo 317° del Código Penal establece que:

“El que forma parte de una agrupación de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido, por el sólo hecho, de ser miembro de la agrupación con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Cuando la agrupación está destinada a cometer delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad pública contra el Estado y la defensa nacional o contra los poderes del Estado y el orden constitucional, la pena será no menor de ocho años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco  días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36° incisos  1, 2 y 4.”

Para establecer la aplicación  en el presente tipo penal en la materia que es objeto de investigación es determinar si existe o no “ésta agrupación destinada a cometer delitos”. Así también, lo es determinar que tipo de delitos son objeto de la actividad de esta asociación delictiva:

La conducta típica consiste en:

-          formar parte de la agrupación criminal;

-          la permanencia de sus miembros;

-          existencia de vínculo estable y duradero de varios sujetos orientados a la ejecución de un plan criminal de naturaleza indeterminada;

-          es un delito de comisión permanente;

-          Se requiere acuerdo genérico para delinquir,

-          no se requiere  estatutos, reglamentos, basta el hecho de integrar dicha asociación.

La acción típica puede ser cometida por una persona ajena a la administración pública o un servidor público y/o funcionario configurándose una circunstancia agravante prevista en el artículo 46° A del Código Penal.

También se habría cometido el Delito de Coacción: Tipificado en el Art. 151°del  Código Penal

Al respecto se han dado casos comprobados por la Defensoría del Pueblo, Cladem, Conferencia Episcopal Peruana y los investigados por la Subcomisión en donde se han presentado dos elementos constitutivos del delito:

-          el engaño: basado en la existencia de una potencial amenaza respecto al entorno familiar.

-          las amenazas: del uso de la fuerza policial u otras autoridades y la amenaza  de privar a las personas de los  servicios de salud.

Resulta más que propicio, a fin de corroborar la configuración de los delitos de Genocidio y Asociación Ilícita para Delinquir, remitirnos  al Informe Final de la Comisión Especial del Ministerio de Salud  de donde hemos extraído, para esta ponencia, importantes aportes.

Esta investigación alude a un Plan Verde, pero, ¿en qué consistió dicho Plan? El Informe de la Comisión Especial  menciona  al respecto que:

Según testimonios, desde 1994 un grupo de 25 militares asimilados al Ejercito, la Marina, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, fueron reclutados y destacados a laborar en un Proyecto de Estado, éste fue denominado Plan de Contingencia y Emergencia AQV. Dicho militares, en su mayoría médicos, tenían como misión estudiar, analizar y crear un proyecto que frene las altas tasas de natalidad a nivel nacional.  Para optimizar esta labor la delegación de militares realizó cursos en Japón y Estados Unidos, llegando a determinar que, las intervenciones quirúrgicas para la esterilización forzada debían ponerse en marcha .”.. aplicar un plan que pretenda la eliminación del excedente poblacional y los sectores nocivos de la población. Consideramos a los subversivos y a sus familiares directos, a los agitadores profesionales, a los elementos delicuenciales y a los traficantes de pasta básica de cocaína como excedente poblacional nocivo (...) para estos sectores dado su carácter de incorregibles y la carencia de recursos (...) sólo el exterminio total”.

Este sustento, añade el Informe antes aludido, se encuentra desde 1989, en lo que hoy se conoce como Plan Verde, añade que, esto mismo, sirvió de base a los militares destacados a elaborar el Plan de Contingencia y Emergencia del AQV (P.C.E.).

El P.C.E. extrae del Plan Verde: “... ha quedado demostrada la necesidad de frenar lo más pronto posible el crecimiento demográfico y urge, adicionalmente, un tratamiento para los excedentes existentes, elevando la utilización generalizada de  esterilización en los  grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados. Sin estas cargas innecesarias, se facilitará  el acceso de grupos familiares débiles a ciertos niveles de bienestar...” ( Informe Final de la Comisión Especial sobre actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, julio del 2002, pág. 74).

Finalmente, deseo compartir con ustedes el hecho  que si bien en el Congreso de la República la investigación sobre las AQVs ha sido archivada, lamentablemente, por alianzas políticas que, aunque cueste entenderlo, se han resistido a que el Poder Judicial investigue estos hechos y que el pueblo peruano y la comunidad internacional sepa LA VERDAD de lo que ocurrió, el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía de la Nación, ha iniciado, en base a nuestra denuncia, una sólida investigación, inclusive, la señorita Fiscal de la Nación, en el diario español “El País”, (30 de abril de 2003), ha declarado que se denunciará al ex Presidente Fujimori por el delito de Genocidio por las esterilizaciones forzadas en mi país, lo cual me llena de satisfacción y estoy convencido que a ustedes también,  pues los que estamos en este Congreso creemos en la vida y  en el respeto a la integridad física, psíquica y moral del ser humano.

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