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Esterilizaciones forzadas y conflicto de intereses

Por Silvio Rendon - Publicado el 24-05-2010

La “Comisión de la Verdad y Reconciliación” documentó 24 mil víctimas, pero a través de una proyección determinó que el número de víctimas mortales eran unas 69 mil. Lógicamente hay un debate, pues la mayoría de los casos de sus cifras son casos extrapolados. Algunos ex-funcionarios de esta institución se han esforzado por desmerecer todo cuestionamiento a estas cifras. Una frase notable de uno de ellos fue esta: “El debate de las cifras es solo importante porque a la derecha le interesa”, aquí. Los cuestionamientos a sus extrapolaciones es una cosa de la derecha.

Bueno, es un punto de vista. Ahora veamos otro cuestionamiento a otras cifras de otra “Comisión de la Verdad”.

La fuente es esta, CIMAC (que reporta la fecha actual, no la de aparición), y también se lo puede ver aquí, con la fecha de aparición: viernes 26 de julio de 2002.

La abogada del “Movimiento Manuela Ramos” Rocío Villanueva y hoy directora del IDEHPUCP estuvo a cargo de la investigación de las esterilizaciones forzadas como funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Desde su cargo cuestionó las cifras de la “Comisión de la Verdad” del congreso peruano, cuyo informe puede verse aquí, APRODEH. No sólo minimizó las cifras ante la prensa internacional, como se aprecia en este informe de El País de España:

Fujimori ordenó la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú.
Las pacientes recibieron amenazas y alimentos para someterse a la intervención

(…)

Rocío Villanueva, defensora adjunta de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, cuestionó las cifras del ministerio. ‘Lo que me ha llamado la atención es que ahora se diga que hay más de 200.000 mujeres ligadas contra su voluntad. Me gustaría saber en qué se basa este informe, pues la Defensoría conoce e investigó 690 casos de personas esterilizadas contra su voluntad’.

sino que la abogada fue más allá y afirmó que “Infla Comisión de la Verdad cifras sobre esterilizaciones forzadas”:

El Ministerio de Salud no tiene cifras oficiales sobre el número de mujeres esterilizadas por lo que la cuenta de doscientas mil es falsa, afirmó Rocío Villanueva, abogada especialista en los derechos de la mujer.

Aquí no se trataban de extrapolaciones ni nada por el estilo, sino de un recuento de casos, todos documentados, y la abogada ya estaba diciendo que las cifras eran falsas. Y más aún:

Hacia 1997 sólo había 157 casos documentados sobre esterilizaciones forzadas de acuerdo con investigaciones realizadas por la defensora Villanueva.

Actualmente se estima que existen 700 casos documentados por problemas y deficiencias en la práctica de la salpingoclasia o vasectomía, conocidos en Perú como anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), pero de ninguna manera se llega a la cifra anunciada por el Ministerio de Salud, indicó la especialista.

Ante la polémica que el caso ha suscitado, manifestó su preocupación debido a la recomendación que hiciera la subcomisión del Congreso encargada del caso, la cual pide derogar la ley que permite el uso de este método tanto a mujeres como hombres.

“Es un derecho de las personas elegir el método anticonceptivo que deseen, incluyendo ligadura de trompas y vasectomía”, afirmó.

La abogada pretendió desmerecer del todo una investigación llevada a cabo por el congreso peruano, anteponiendo los pocos casos que ella manejaba en la Defensoría del Pueblo. Que la esterilización voluntaria sea un derecho no era el tema, sino que la mayoría de esas esterilizaciones no eran voluntarias, no eran AQV, sino AQF (Anticoncepción Quirúrgica Forzada): a mucha gente le hicieron la ligadura sin consentimiento – “Doctor, ¿por qué me ha hecho la ligadura?” “Denúnciame, eso lo he hecho por tu bien”, se la engañó, se la chantajeó – “Si no te ligas, no te damos las papillas” -, se la presionó, había cuotas que tenían que cumplirse, etc, aquí. Se trató de un delito masivo, dirigido por USAID y por Fujimori, ver informe del congreso peruano.1

La abogada en su cuestionamiento a las cifras de la Comisión de la Verdad de las esterilizaciones evitó referirse a las esterilizaciones forzadas, para ratificar que fueron AQV, y usar el eufemismo “problemas y deficiencias”, una clara minimización: 700 casos documentados por problemas y deficiencias en la práctica de la salpingoclasia o vasectomía, conocidos en Perú como anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV). En base a este discurso otras “destacadas feministas” (¿acaso las del “Movimiento Manuela Ramos” que colaboraron con Fujimori en las esterilizaciones?) tacharon a las cifras de las esterilizaciones forzadas de “alarmistas”, parte de una estrategia conservadora para eliminar los programas de salud reproductiva. Definitivamente hay una agenda conservadora, oscurantista, pero eso no tiene por qué llevar a negar un delito como las esterilizaciones forzadas masivas.2

Las consecuencias de todo esto fueron claras: Fujimori utilizó la minimización de las cifras de parte de Rocío Villanueva para evadir su responsabilidad por las esterilizaciones forzadas:

El ex dictador había eludido este delito hasta ahora, aduciendo que “sólo se recibieron 180 quejas en la Defensoría del Pueblo”.

Ver Crónica Viva, aquí, y más referencias en este post. Con una funcionaria pública que desde Defensoría del Pueblo sembraba dudas sobre la masividad de un delito del calibre de las esterilizaciones forzadas y lo ponía como “problemas y deficiencias en la práctica”, el caso tampoco fue incluído en el expediente de extradicción de Fujimori, ni forma hasta ahora parte de los juicios que se le siguen. Gran favor que le hizo Rocío Villanueva a Fujimori, quien años antes había compartido mesa con diversos grupos feministas, la “mesa tripartita”.

Y claro, uno tendría que pensar que el hecho que la abogada pertenezca al Movimiento Manuela Ramos (ONG que junto con Alternativa, crearon REPROSALUD que estuvo metida en las esterilizaciones forzadas), que luego entre a Defensoría del Pueblo e investigue precisamente un caso que involucra a su ONG, que luego vuelva al Movimiento Manuela Ramos con un programa de televisión (además financiado por USAID, impulsora de las esterilizaciones forzadas) y luego trabaje para el UNFPA (también impulsador de las esterilizaciones) no tiene nada que ver con que vaya proclamando que los cientos de miles de esterilizaciones forzadas son falsas.

Es lo que ocurre cuando hay un conflicto de intereses. Que el general Muguruza haya sido nombrado para una oficina de derechos humanos, aquí, La República, inmediatamente lleva a cuestionarse la imparcialidad de esa oficina. ¿Alguien se sorprendería de que el general del “baguazo” minimice la letalidad de la intervención policial o directamente la niegue? Y más análogo aún, ¿alguien se sorprendería de que el general saliera a cuestionar los resultados de otra comisión que cuestione la intervención policial?

Aquí no se está sugiriendo que la abogada Villanueva sea una represora como el general Muguruza, sino que alguien que tiene un conflicto de intereses tiende a presentar sesgos: su pertenencia al “Movimiento Manuela Ramos” la incapacita para investigar hechos que involucran a este movimiento. Y dicho y hecho, desde Defensoría tomó acciones que resulta que le aliviaron la responsabilidad su “Movimiento”, y a Fujimori. Es muy fácil percatarse y es muy difícil negarlo. No importa que la persona sea muy capaz o haya tenido una muy buena reputación. Por eso la transparencia exige evitar estos conflictos. La persona se abstiene de tocar el caso. Ya si se mete con todo a no sólo opinar, sino decidir, difundir, y encima cuestionar aguerridamente lo que investigan otros, pues suena muy mal. Como para investigarla.3

Aún así, un par de ex-funcionarios de la CVR, Javier Ciurlizza, aquí, y Eduardo González, aquí, tomaron muy a mal que se cuestione a la abogada Villanueva; me acusaron de haberla difamado y pidieron que me retracte (antes el politólogo Martín Tanaka me hizo un reproche similar, en defensa de Villanueva y Conterno, en Las cifras de las esterilizaciones forzadas). Espero haber expuesto claramente mis argumentos y que haya quedado claro que no aquí hay difamación alguna. Hubo una conducta irregular en alguien que tenía un conflicto de intereses.

Ocurre que hay una cadena de lo que llamaré micro-negacionismos, concesiones e intervenciones puntuales pero efectivas que minimizan, soslayan, relativizan un hecho grave. Se invoca a la reputación de quienes están en esta actitud y se juega a desacreditar a quienes hacen las denuncias. El resultado es que el hecho grave no se investiga del todo, no hay culpables, todo se demora, llegan a “soluciones amistosas”, y finalmente todo queda impune y olvidado. La secuencia de micro-negacionismos acaba convirtiéndose en una macro-impunidad. Ni siquiera se juzga a Fujimori por las esterilizaciones forzadas, archivadas el año pasado en el poder judicial. Negadas o minimizadas de a puchitos por sectores oenegistas que hacen espíritu de cuerpo con gente de su mismo sector, el asunto queda borroso, desmerecido, no probado, siempre “hay que investigar” sin remate en determinar culpables. Esta frase resume esta actitud:

sobre las esterilizaciones forzadas, es una denuncia muy seria que hay que investigar, yo no las tomaría en absoluto como un hecho demostrado.
Martín Tanaka, abril de 2009, aquí.

Frases muy condescendientes para finalmente negar un hecho demostrado hasta la saciedad. Negarlo o ponerlo en la categoría de lo “no demostrado” ya es querer tapar el sol con un dedo. ¿Para beneficiar a quién? Y en el caso de los ex-comisión de la verdad es paradójico: tan vehementes en defender sus cifras extrapoladas, pero avalan no tan de taquito a quien declaró falsas las cifras documentadas de otra comisión de la verdad. Además de defender a la abogada Villanueva, ¿tendrán algo que decir sobre las cifras de las esterilizaciones forzadas, más allá de sostener que ellos no se encargan de ese tema?

Es que la coherencia no siempre está con ellos. Como comenté en Combitos CVR para esterilizaciones forzadas citando el trabajo de Jocelyn E. Getgen de la Cornell Law School, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo una interpretación muy estrecha de sus posibilidades para los casos de esterilizaciones forzadas. Hubieran podido incluirlas (como hicieron con los casos de violaciones sexuales), incluso si ya había otras investigaciones, pero no lo hicieron. Getgen señala también que los comisionados fueron incoherentes, excluyendo a las esterilizaciones forzadas porque dizque no estaban directamente relacionadas con la guerra insurgente -contrainsurgente, pero sí investigaron y publicaron delitos cometidos por Fujimori de corrupción y gobierno autoritario, que no estaban directamente vinculados con la insurgencia y contra-insurgencia.4 Y más aún, sí hubo relación entre la guerra terrorista-antiterrorista y las esterilizaciones forzadas: i) en el “Plan Verde”, en cumplimiento del cual Fujimori da el golpe del 5 de abril, se habla de utilizacion generalizada de esterilizacion en los grupos culturalmente atrasados y economicamente pauperizados y se plantea la esterilización forzada a los subversivos y a sus familiares directos, a los agitadores profesionales, a los elementos delincuenciales y a los traficantes de pasta básica de cocaína, aquí, Vanessa Verástegui Ollé, y aquí, ii) el gobierno de Fujimori condicionó la ayuda contrainsurgente a las comunidades pobres en su lucha contra Sendero Luminoso a que se esterilicen, por ejemplo, a las comunidades asháninka aquí. La CVR no hubiera debido evitar el tema del todo.

Este silencio se aprecia incluso en las actividades de la CVR como en el SEGUNDO DIÁLOGO CIUDADANO VIOLENCIA POLÍTICA Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LA MUJER. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO presidido Javier Ciurlizza y donde también participa la abogada Rocío Villanueva. En el evento se habla de temas como la salud sexual y reproductiva, la despenalización del aborto, la violencia estructural contra la mujer, la violencia al interior de la familia, que no están directamente relacionados a la guerra insurgente-contrainsurgente. Sin embargo, a pesar de que sí hablan de estos temas, para nada se mencionan las esterilizaciones forzadas, la principal violación a los derechos humanos cometida durante el gobierno de Fujimori.

La CVR no tocó el tema ni raspando. Aun así, en Le Monde Diplomatique de mayo de 2004 salía un informe sobre las esterilizaciones forzadas en que el ex comisionado Salomón Lerner no se abstuvo de decir lo siguiente:

“Esta tragedia tiene muchos puntos en común con la de las mujeres esterilizadas a la fuerza”, concluye Salomón Lerner Febres, rector de la Universidad Católica del Perú y presidente de la CVR. “Sin embargo, ya no se habla más de ellas. A mi entender, en ese caso espantoso la ideología confundió todo. El empecinamiento de las feministas, el afán del Opus Dei de manejar el tema, la insolencia de los responsables que se basaron en la ignorancia y en la indiferencia general. En nuestra Universidad vamos a fundar un instituto de los derechos humanos y de la democracia. Y volveremos sobre el tema de las esterilizaciones masivas.”

Esto ya lo comenté hace más de un año, aquí. Han pasado ya seis años desde estas palabras. No parece que el IDEHPUCP haya avanzado mucho en “volver sobre el tema de las esterilizaciones masivas” (encuentro este documento y este otro en que se las menciona y en su Memoria 2004-2007 no hay nada). Prolongación de la CVR, parece continuar con la política de la CVR de no tocar el tema. O tal vez Javier Ciurlizza, que intervino airadamente en este blog, pueda contarnos sobre los avances en el tema bajo su dirección. O posiblemente ahora que la directora del IDEHPUCP es la abogada Rocío Villanueva habrá aún más avances. No apostaré por ello.

Otra funcionaria que negó las esterilizaciones forzadas masivas a nivel internacional, cuando ya se sabía positivamente de su existencia, fue Elena Conterno, funcionaria fujimorista y recientemente ministra del gobierno alanista, Ex-funcionaria fujimorista esterilizadora. [↩]

Aquí ocurre algo parecido a la acusación de derechista por cuestionar las cifras de la comisión de la verdad de la guerra, sólo que la acusación de derechista va esta vez a quien acepte las cifras de la comisión de la verdad de las esterilizaciones, sin que importe que en el primer caso se trata de números extrapolados y en el segundo se trata de números documentados. [↩]

Aquí un boletín informativo de la Oficina Anticorrupción de la Argentina: existe una situación de “conflicto de intereses” cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña”. Aquí un boletín de Transparencia Mexicana: Un conflicto de intereses surge cuando una persona, como funcionario o empleado del sector público, es influenciado por consideraciones personales al realizar su trabajo [↩]

El informe final de la CVR cubre los hechos ocurridos desde 1980 hasta 2000, incluyéndose hechos como el rescate de la casa del embajador japonés, la operación Chavín de Huántar, ocurridos despues de que las esterilizaciones forzadas ya hubieran sido denunciadas. [↩]

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Comentarios a este artículo

M. Isabel dijo:
24-05-2010 13:36
Siempre he dicho que a esas feministas, olvídate, nunca les importaron las mujeres, sino sus propios bolsillos.

Ricardo Alvarado dijo:
24-05-2010 19:40
Curioso destino el de Rocío Villanueva, que parece ser “sana y sagrada” y, por lo tanto, intocable para algunos sectores de la comunidad de derechos humanos.

Villanueva tuvo un papel decisivo en la historia de las ONG de derechos humanos. Recordemos que después de que Sofía Macher fuera nombrada comisionada de la CVR, entre setiembre del 2001 y marzo del 2002 no hubo quien se hiciese cargo de la Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH.

A inicios del 2002, una fracción de la CNDDHH, con el apoyo de APRODEH, postuló a Rocío Villanueva, que por entonces trabajaba en la Defensoría del pueblo; el IDL postuló a Hugo Rodríguez, de la Academia de la Magistratura.

Cuando este último retiró su candidatura, harto de los tejes y manejes entre los jefazos de la CNDDHH, Villanueva fue elegida; pero nunca asumió el cargo, pues razones misteriosas la motivaron a quedarse en la Defensoría del Pueblo.

La renuncia de Rocío Villanueva llevó a la posterior elección del inefable Francisco Soberón, con la cual se inició la lenta e inexorable decadencioa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Pero esa es otra historia.

Gonzalo Gianella dijo:
24-05-2010 19:50
Sr. Rendón:

Usted es tan categórico en sus afirmaciones que no puedo evitar hacerle algunas preguntas:

1. ¿A qué se refiere usted por “esterilización forzada”?. ¿Es acaso aquella hecha a la fuerza?, por ejemplo aquella en la que se arrastra a la víctima al quirófano (o al seudo quirofano en el caso de la campaña de los 90´s). Debo decirle que testimonios de ese tipo hay muy pocos en el Perú (personalmente no recuerdo ninguno). ¿O se refiere usted a aquellas esterilizaciones hechas sin el consentimiento de la persona?. Si es así, ¿está usted refiriéndose a aquellas en las que la víctima no recuerda haber dado su consentimiento para el procedimiento médico o serán las esterilizaciones en las que la persona no entendió que tipo de intervención se le iba a realizar? ¿O son en las que no se documentó un formato de consentimiento (un papel firmado)?. ¿O será que usted se refiere a las esterilizaciones realizadas con chantaje o bajo presión? ¿O es una mezcla de todo lo anterior? ¿Y cómo se reparten en sus cifras estas variantes?

2. Para determinar si hubo o no delito (y por consiguiente encubrimiento) debe usted decirnos primero de que delito estamos hablando. Luego díganos en cada delito si existe un consenso al respecto o si es solo su opinión. ¿No firmar un consentimiento es genocidio necesariamente?¿Se puede esterilizar a alguien sin su consentimiento (sobre esto último lo reto a realizar una encuesta y vera las sorpresas)?¿Está del todo mal dar incentivos (a los pacientes con TBC se les da canastas de comida)? ¿Existe alguna situación de excepción con respecto a esterilizar? ¿Cómo se distribuyen las cifras que usted da?

3. Usted lanza conclusiones (acusaciones) como si el terreno estuviese parejo y créame no lo está. Le puedo afirmar que va a tener problemas para encontrar respuestas a mis preguntas, sobre todo si se da el trabajo de ver como se hacen las intervenciones quirúrgicas en el Perú y en general en el tercer mundo. Le pregunto, hoy a esta hora ¿cómo se realizan rutinariamente en los hospitales públicos peruanos las cirugías de apéndice o las cesáreas o las operaciones un tumor en el abdomen? ¿Se informa de manera entendible y completa? ¿Se le da la libertad de elegir a los individuos? ¿Se dan procesos de consentimiento informado? ¿Se firman papales solamente? ¿Se coacciona? ¿Son estos delitos punibles? ¿Qué dicen jueces y médicos peruanos al respecto? ¿Lo consideran tan grave como usted lo parece considerar? Que tal un médico que por tratar de prevenir una muerte materna esteriliza a alguien durante una cesárea, ¿puede hacerlo?

4. Por favor pregúntese usted y a sus amigos entendidos en el tema (supongo los tendrá) lo siguiente ¿Debe ir preso quien hace algo sin el consentimiento de un paciente o existen atenuantes (por ejemplo la “salud pública”)? Nuevamente haga una encuesta, sorpresas le dará la vida hasta en sus propias respuestas.

5. Finalmente Sr. Rendón ¿por qué no se quedó en sus argumentos superficiales, en un tema tan complejo? ¿Por qué siempre esa manía de mandarse a acusar sin hacer la tarea antes?

Dr. Gianella

Ricardo Alvarado dijo:
24-05-2010 20:15
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 9 de diciembre de 1948, artículo II:

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

…

Así se define el delito de genocidio desde hace más de 50 años. No se trata de la escala del acto, ni de consentimientos, incentivos, encuestas o excepciones, sino de la intención. Creo que está suficientemente claro.

Gonzalo Gianella dijo:
24-05-2010 20:34
Ok entonces para ustedes es genocidio lo que ocurrio. En esa linea les pregunto ¿quién es más culpable el que lo planificó o el que lo ejecutó? ¿Fueron todos los médicos y enfermeras que participaron unos genocidas o sólo los funcionarios que planificaron? ¿Permite este delito hacer estas distinciones o es tan grave que todos son culpables por igual? ¿Todos presos o solo algunos? ¿Algunas de las personas que usted señor Rendón acusa de encubrir y que usted señor Alvarado acusa de genocida realizó una ligadura o sabe siquiera operar? ¿Fujimori sabia operar?

Silvio Rendon dijo:
24-05-2010 20:55
Sr. Gianella,

Vd. marea la perdiz. El argumento central de mi post es señalar el conflicto de intereses de la abogada Villanueva en la investigación de las esterilizaciones forzadas. No veo que Vd. se pronuncie sobre mi tema. Tal vez Vd. quiera definir su posición en un artículo.

Le comento su comentario.
1. “Esterilizaciones forzadas” es el término utilizado por la Comisión de la Verdad del congreso peruano. Es un término genérico que es usado en contraposición a las “esterilizaciones voluntarias”.
2. Da igual que se haga una encuesta en que por ejemplo la mayoría diga que “se puede esterilizar a alguien sin su consentimiento”: no tiene ningún valor legal. Esterilizar a alguien sin su consentimiento desde luego que es un delito.
3. Vd., señor Gianella, se pierde en la casuística y se distrae del contenido de mi post. Escriba Vd. su artículo y relativice todo lo que quiera. Frases tipo “Si no te esterilizas, no te damos las papillas” abundan en las investigaciones que se han hecho.
4. Las esterilizaciones forzadas de Fujimori no se ajustan al caso que Vd. expone aquí.
5. Preguntas retóricas las que Vd. plantea. Si al menos Vd. hubiera refutado mis argumentos sobre el conflicto de intereses, ofreciendo sus propios argumentos, podríamos debatir.

De toda su intervención parece que para Vd. no es tan grave que se esterilice a alguien sin su consentimiento. Si se lo hace, es como cuando no se pide permiso por una cirugía de apéndice o una cesárea. Más aún, para Vd. esta práctica inconsulta quedaría validada si resulta que una encuesta arroja que mucha gente la aprueba. Y encima Vd. busca atenuantes para las intervenciones médicas inconsultas.

Señor Gianella, su posición lo pinta de cuerpo entero y es indicativa de los criterios que se manejaron en la Defensoría del Pueblo, como que Vd. fue el médico asesor de tal dependencia pública. Lo que ha manifestado en su comentario ratifica mi punto que hubo algo muy irregular en la investigación de las esterilizaciones forzadas por parte de Defensoría del Pueblo. Definitivamente, Vd. no estuvo defendiendo a las mujeres esterilizadas sin su consentimiento, sino a sus colegas que incurrieron en malapráctica médica.

Un médico asesor andaba más preocupado pos sus colegas que por las víctimas y la funcionaria de secretaría de la mujer procedía de ONG involucrada en esterilizaciones. Entonces, ¿quién defendía a las mujeres más pobres en la Defensoría?

Gonzalo Gianella dijo:
24-05-2010 21:30
Lo pongo en simple. Cual fue exactamente el delito que se cometio en el Peru en esos anhos? Cuales son las pruebas? Si hubo genocidio digame por favor quienes fueron los autores y que responsabilidad tuvieron? Yo tengo mi opinion (que esta en total desacuerdo con lo que opinan medicos y notabes de “derecho reproductivos en el tema en el Peru). Usted no dice ninguna palabra sobre los medicos que esterilizaron. Yo lo he dicho muchisimas veces… ellos fueron quienes esterilizaron forzadamente… tiene pariente ginecoobstetra quizas???… intereses ocultas??…

Gonzalo Gianella dijo:
24-05-2010 21:44
Finalmente para que me entiendan los seudo eruditos. Para la gran mayoria de medicos en el Peru (entre lo que no me incluyo) muchas de los ejemplos que le di no constituyen delito. Se los recontra aseguro (como que soy medico y peruano).
Es mas le puedo asegurar que en las universidades en el Peru no se ensenha con claridad que eso es delito…. Uno de interno ve como se esteriliza sin consentimiento… A eso voy… No se enecesitaba de planes genocidas… fin de mi intervencion y a otra cosa…

Silvio Rendon dijo:
24-05-2010 21:45
Es increible que un médico asesor de Defensoría pierda los papeles así. Ya le he respondido, señor. Ya hay una investigación del congreso peruano. Guárdese los interrogatorios para otra ocasión

Lea Vd. otra vez mi post: va sobre el conflicto de intereses de una funcionaria de Defensoría del Pueblo. Ojalá tenga Vd. algo que decir sobre este tema. Hasta ahora no veo nada al respecto.

Silvio Rendon dijo:
24-05-2010 21:49
Que alguien piense que esterilizar sin consentimiento no es delito, no quita que se trate de un delito. No es un atenuante. Mal que Defensoría haya sido asesorada por quien considere que algo así es un atenuante.

Gonzalo Gianella dijo:
24-05-2010 22:01
Yo no considero que sea un atenuante. La mayoria de medicos peruanos si. El consentimiento no es un requisito en la practica medica rutinaria en el Peru. Otra vez, no hay necesidad de planes genocidad ni teorias conspirativas que a usted le encantan. No hay encubrimiento pues no hay demonio que encubrir. Hay mas de lo mismo. Asi se hace medicina en el Peru. Estan dificil de entender eso?

Gonzalo Gianella dijo:
24-05-2010 22:13
Ahora si finalmente, eso que dice usted que es perder los papeles, fue un intento fallido de ironizar sus argumentos, que son exactamente iguales a los que usaron los medicos que participaron en la campanha famosa. Nuevamenet una vueltita por hospitales del Peru le aria bien.

Ricardo Alvarado dijo:
24-05-2010 23:05
Ningún médico ha ido preso por esterilizar. Tampoco ha ido a prisión ninguno de los responsables de las esterilizaciones. Y los que encubrieron todo, hasta reciben jugosos cargos y asesorías. ¿No sería más justo que fueran todos a hacerse compañía a la Base Naval o a Piedras Gordas?

Silvio Rendon dijo:
24-05-2010 23:08
Bueno, no es la primera que opina en este blog. Ya lo hizo en un par de ocasiones, en particular aquí:

Como medico le aseguro que hay tanta culpa de esto en la facultades de medicina del Peru como en USAID y Manuela Ramos.

Hoy queda claro que lo dijo para que quede en que no hay culpa de nadie. El asunto se diluye en “excesos”, en la precariedad del sistema de salud y cosas por el estilo.

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