Ante la publicación del Decreto Legislativo 1097, que regula la aplicación de normas procesales por delitos de violación de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo hace público su  pronunciamiento  reiterando su posición institucional de que los graves delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles, razón por la cual el Estado peruano tiene el deber ineludible de investigar y juzgar dichos actos con todas las garantías del

debido proceso.