La decisión tomada en el Congreso —exonerada de dictamen preliminar en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por acuerdo de la Junta de Portavoces— de aprobar la Ley de búsqueda de personas desaparecidas en el periodo de violencia 1980 – 2000 significa un cambio trascendental en el enfoque con el que ha venido trabajando el Estado en las últimas décadas. En ese sentido, nos gustaría reflexionar, por un lado, sobre la importancia de responder de manera efectiva a la magnitud de la violencia y, por otro, proponer ciertos límites a lo trabajado.