La ley 25475 promulgada el 6 de mayo de 1992 y firmada por el presidente Alberto Fujimori en torno a los juicios secretos para terroristas señala en su artículo 15º que "la identidad de los magistrados y los miembros del Ministerio Público así como la de los auxiliares de Justicia que intervienen en el juzgamiento por el delito de terrorismo será secreta… Los infractores de esta disposición serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor e siete años”.

Publicado el 27 de octubre de 1995.