Durante el año 2006 el Instituto de Defensa Legal profundizó sus esfuerzos para reflexionar y abordar integralmente uno de los problemas más importantes que atañe al 54.8% de peruanos ubicados en el escalafón económico y social más pobre (en zonas rurales y urbano popular): el acceso a la justicia. Uno de los aspectos más importantes de este abordaje ha sido la constatación de la insuficiente respuesta estatal para satisfacer este derecho a la resolución de controversias de relevancia jurídica. Diversas razones explican por qué desde las diferentes instancias públicas es muy poco lo ha avanzado en este sentido, concentrándose las pocas iniciativas en el incremento de unidades jurisdiccionales, lo que, por cierto, ha resultado casi imposible de realizar por la ausencia de recursos económicos.