Tras dos años de intenso trabajo, la CVR ofreció al país una nueva versión de lo sucedido en el Perú durante las dos últimas décadas del siglo XX y puso en evidencia la magnitud de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese período y la clara relación entre el patrón de victimización y el patrón de   desigualdad social y cultural preexistentes. Junto con recomendar la judicialización de una serie de casos de violaciones de los derechos humanos y reformas institucionales, legales y educativas, como garantías de prevención, la CVR tenía por mandato la elaboración de “propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares”9. Para ello la Comisión elaboró lo que llamó el Plan Integral de Reparación (PIR-CVR).