La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) realizó las audiencias públicas convencida de que el establecimiento de la verdad histórica sería una tarea incompleta si no se realizaba al mismo tiempo un esfuerzo por devolver la dignidad a las víctimas, es decir, por lograr que la sociedad reconociera en ellas el valor que corresponde a cada ciudadano y ciudadana, reconociendo sus voces y sus esperanzas. La gran mayoría de las víctimas de las graves violaciones estudiadas por la CVR proviene de sectores marginados y poco atendidos por el país. A la discriminación que sufren por sus condiciones sociales, deben añadir la desconfianza y el estigma social que lleva quien fue afectado por la violencia. Sus versiones sobre lo ocurrido han sido frecuentemente ignoradas, manipuladas o respondidas con violencia y desprecio. Una forma de restablecer sus vínculos con la sociedad en pie de igualdad, por lo tanto, implicaba el que se las tomaran en serio, que se realizaran gestos de reconocimiento y de respeto a su calidad de ciudadanos. Las audiencias públicas fueron diseñadas para mostrar que era posible, desde una instancia formada por el Estado, tratar a todos los ciudadanos como personas iguales, tratar a las víctimas como personas con derechos, y no como un objeto de conmiseración o sospecha.