A partir de los años 80, miles de nuestros compatriotas, entre ellos humildes campesinos, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas así como autoridades políticas, regionales y locales, han sido asesinados o lesionados por miembros de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA; y parte importante de la infraestructura básica del país se ha visto seriamente afectada por los atentados producidos. El terrorismo ha sido rechazado por inmensa mayoría de los peruanos, y los concretos actos delictivos han sido condenados por la ciudadanía toda, entendiéndose que el derecho a la vida y a la libertad no puede subordinarse- bajo ninguna circunstancia- a razón ideológica o cálculo político alguno, y que los esfuerzos por construir un Perú donde podamos vivir dignamente no transitan por las vías de la violencia, la intolerancia y el dogmatismo. No obstante la persistencia del accionar de algunas células de las organizaciones criminales, en la actualidad, felizmente, el terrorismo se encuentra en franca retirada. En su actuación contra el ataque grave del terrorismo el Estado peruano ha afirmado, en el plano jurídico, un modelo de control excepcional que a desconocido determinados principios y libertades que orientan la actuación de una sociedad democrática. (Extracto introducción).