Durante los años de violencia política en el Perú se desarrollaron diversas estrategias subversivas y anti subversivas, todas violadoras de los derechos fundamentales de las personas. Estas prácticas produjeron 30,000 muertos, más de 6000 desaparecidos, miles de desplazados, y una pérdida material superior a los 21 mil millones de dólares. Aquellas perpetuadas por agentes del Estado, contaron con la complicidad o permisividad del éste, que no las sanciono ni persiguió, sino por el contrario, las protegió con un manto de impunidad. Así mismo, tanto el poder judicial como el Ministerio Publico fueron incapaces de reaccionar ante esta situación y muchas veces aparecieron como obstáculos para la justicia o instrumento de la impunidad. En junio de 1995 se dieron las leyes de amnistía-Leyes 26479 y 26492-, que consagraron las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas y de la policía nacional. En reiterados informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA menciono las violaciones a la Carta Interamericana de Derechos Humanos que contenían estas leyes y recomendó al Estado peruano dejar sin efecto las mismas: el 3 de Noviembre del 2000, en sus observaciones finales, la Comisión… “recomienda nuevamente la revisión y revocación de dichas leyes de Amnistía que contribuyen a crear una atmósfera de impunidad”. (Extracto presentación).