Una de las secuelas más graves y complejas del proceso de violencia política vivida por el Perú es, a decir de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el problema de los miles de personas contra quienes en diversos momentos se dictó mandatos de detención de manera indiscriminada e irregular. Esto es lo que se conoce como el problema de los requisitoriados por terrorismo. Ciertamente el conjunto de la legislación penal de emergencia mantuvo desde el principio una fuerte tendencia a otorgar mayores atribuciones a la policía para el combate al terrorismo, pero fue el decreto ley 25475 (ley antiterrorista) dictada a los pocos días del golpe Estado de abril de 1992, el que rompió el modelo de legalidad existente e impuso nuevas condiciones para la persecución de este delito. Como sabemos ello tuvo dramáticas consecuencias no solo para el Estado de derecho, sino sobre todo para ciudadanos inocentes, de carne y hueso, quienes sufrieron los embates y las arbitrariedades de una legislación diseñada para desconocer y transgredir los derechos fundamentales eliminando todo tipo de control judicial sobre la actuación de la policía. De hecho, el fenómeno de los inocentes en prisión es la más clara consecuencia de esto. (Extracto presentación).