El 17 de septiembre de 1985, el Presidente García destituye a los Generales  Jarama y Mori, después que  la Comisión de derechos humanos de Senado encontrara responsable  a una patrulla del ejército,  a sus órdenes,  de la masacre de  Accomarca. En gran medida, la atención del Ejército está ahora dirigida al interior, y centrada en la respuesta institucional a la situación vinculada a los derechos humanos en la cual se encuentra. Sin embargo, el Ejército también está preocupado por la posibilidad de que la administración García puede iniciar o permitir una “cacería de brujas” contra los violadores de derechos humanos del Ejercito, o contra sus cadenas de mando durante los años pasados.