Comisión de la verdad y reconciliación
La CVR ha concluido que la cifra más probable de víctimas fatales de esas dos décadas supera los 69 mil peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de los agentes del Estado- … un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humana y no lo hicieron.
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Detalle del Libro
Departamento de Justicia U.S.A,
PERÚ: DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO POLÍTICO HASTA DICIEMBRE DE 1994*
1995
Centro de Recursos Informativos del INS.
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Resumen:
 
RESUMEN EJECUTIVO 
El Perú es un país que experimenta una profunda transición económica y política. De todas las calamidades que puede sufrir una nación, el Perú ha sufrido una parte desproporcionada en los últimos 15 años, siendo víctima de un ciclo de inestabilidad política y desorganización económica. Más de la mitad de la población está en situación de pobreza extrema. 14 años de violencia política han tomado más de 20.000 víctimas, provocado miles de millones de dólares en daños materiales, y desplazado a más de medio millón de personas. Una epidemia de cólera ha matado a miles de peruanos desde 1991. Perú es uno de los países más pobres y violentos de Sudamérica[1].
Desde 1980, los sucesivos gobiernos peruanos han luchado una guerra brutal contra Sendero Luminoso, movimiento violento y autoproclamado marxista, que trata de derrocar al gobierno. En el curso del conflicto, tanto las guerrillas como las fuerzas de seguridad del gobierno han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Sendero ha empleado tanto métodos específicos como indiscriminados de violencia para aterrorizar al gobierno y la población. A pesar de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en setiembre de 1992,  la guerrilla continúa cometiendo atentados, aunque a un nivel significativamente menor[2].
La respuesta del gobierno peruano a la amenaza planteada por Sendero ha sido igualmente brutal. Desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas han proliferado a medida que las fuerzas de seguridad del gobierno han utilizado sus amplios poderes para luchar contra el movimiento insurgente. En abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori suspendió la Constitución del Perú en un “autogolpe” que fortaleció al Ejecutivo y a los militares en detrimento de las instituciones democráticas y los derechos humanos. Los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad, en particular las detenciones arbitrarias y en general prolongadas, acompañadas de torturas o tratos brutales, han continuado desde el golpe de Fujimori.
La población del Perú ha estado atrapada entre la insurgencia guerrillera y la contrainsurgencia gubernamental. Las víctimas de los abusos perpetrados por ambas partes en el conflicto son múltiples: funcionarios del gobierno elegidos y designados, miembros de partidos políticos, sindicalistas, activistas y abogados de derechos humanos; testigos de violaciones de los derechos humanos y familiares de las víctimas, miembros de organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios, miembros de patrullas de defensa civil (“rondas campesinas”), académicos y estudiantes, periodistas, jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales; familiares de miembros de las fuerzas de seguridad, personas desplazadas y migrantes forzados, miembros de grupos religiosos, profesionales de la salud, mujeres, homosexuales, y residentes de las zonas de emergencia[3]. 
En medio de esta trágica historia reciente, hay algunos signos esperanzadores respecto a que el ciclo de calamidades en los derechos económicos y políticos puede haber sido roto. La situación económica ha mejorado considerablemente desde 1990. La inflación se redujo del 7.650% en 1990 al 15% (aproximadamente) anual en 1994; el crecimiento económico pasó de -20% a +12%, las reservas internacionales aumentaron de US$ -500 millones a casi US$ +6 mil millones dólares, los flujos netos de capital aumentaron de US$ -600 millones a US$ +2 mil millones, y el país se ha reincorporado exitosamente a la comunidad financiera internacional. A pesar de estos impresionantes logros económicos, más de la mitad de la población permanece en pobreza extrema y 70-80% de los peruanos están sub o desempleados[4].
Desde 1992, la violencia política ha disminuido sustancialmente, de cerca de 4.000 muertes en 1992 a menos de 1.700 en 1993; esta tendencia a la baja continuó casi al mismo ritmo en 1994. Además 5.000 simpatizantes de la guerrilla se entregaron en virtud de una ley de amnistía limitada, que expiró el 01 de noviembre 1994, y unos 1.500 dirigentes y militantes han sido capturados[5]. Las desapariciones han decrecido de manera espectacular, de alrededor de 200 en 1992, a menos de 40 en 1994. Los peruanos están retornando a zonas que antes estaban bajo el ataque de la guerrilla, y el número de provincias en estado de emergencia se ha reducido considerablemente (de más de 80, de un total de 185, a unas 60). 
Sin embargo, persisten perturbadores niveles de violencia, con el gobierno mostrando disposición a sacrificar el derecho al debido proceso y las libertades civiles de los ciudadanos (y de tolerar los abusos cometidos contra ellos por las fuerzas de seguridad) a fin de avanzar en su política y objetivos militares. A pesar de las aparentes mejoras, los peruanos siguen sufriendo uno de los peores situaciones de violencia política en el hemisferio[6].
[1] Banco Mundial, World Bank Development Report 1993 (Washington, D.C.: 1993), p. 238. Entre las naciones sudamericanas, sólo Ecuador y Bolivia tienen un PNB per cápita inferior al de Perú. Human Rights Watch, Human Rights Watch World Report 1992 (New York: 1991), p. 309. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Peru 1990-1991: Report of the National Human Rights Coordinator (Lima: 1991) p 1-9. “Shining Path Remains Force to be Reckoned With in Peru”, Informe de Lucia Newman, CNN (transcripción #455-4, 28 setiembre 1993).
[2] Departamento de Estado U.S., “Peru”, Country Reports on Human Rights Practices for 1994 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1995), p. 481. Human Rights Watch, Human Rights Watch World Report 1993 (New York, 1992), p. 138 
[3] Una discusión más completa sobre estos grupos de riesgo se incluye en la Sección V.
[4] Brooke, James, “Peru: On the Very Fast Track”, New York Times (New York: 31 enero 1995), p. D1. Bowen, Sally, “Peru Steps Out to Woo Investors”, Financial Times (Londres: 7 noviembre 1994), p. 23. Latin American Weekly Report (Londres: 29 diciembre 1994), p. 592-595. Vogel, Thomas, “Peru’s Big Rebound Sets Off Foreign Investors’ Enthusiasm”, Wall Street Journal (New York: 15 setiembre 1994), p. C1.
[5] Escobar, Gabriel, “Peru’s Shining Path Maoists: Leaderless, Decimated, Divided”, Washington Post (Washington, D.C.: 21 noviembre 1994), p. A1. Para estimaciones anteriores, consultar “Toll in Peru’s War with Rebels is Down By Half”, New York Times (New York: 7 enero 1994). “Hundreds of Peruvian Rebels Surrender under Leniency Law,” United Press International (21 octubre 1993), como aparece en la base de datos Nexis.
[6] Washington Office on Latin America, “After the Autogolpe: Human Rights in Peru and the U.S. Response” (Washington, D.C.: 1994), p. 8, 10.
 El artículo original está en nuestra BVGA con el título de
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